Está navegando en movemospais.com
Los sistemas de fotodetección entraron oficialmente en revisión nacional. El Ministerio de Transporte anunció el 23 de agosto que, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, adelantará de manera inmediata una revisión integral de los sistemas automáticos y semiautomáticos para la detección de presuntas infracciones de tránsito —SAST— que operan en Colombia. El proceso será coordinado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial —ANSV—, la Superintendencia de Transporte y las demás autoridades competentes.
El alcance anunciado va más allá de comprobar si una cámara aparece autorizada. El Gobierno verificará que los sistemas cuenten con sustento técnico y legal y revisará, entre otros factores, la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones particulares de cada corredor. El Ministerio también anunció que revisará la regulación para establecer criterios más exigentes en las futuras autorizaciones y exigir que los nuevos dispositivos respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial.
La decisión nacional se produjo después de la controversia por tres nuevas cámaras previstas en la vía Barranquilla–Cartagena. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, había solicitado suspender su entrada en operación al considerar excesivo que el corredor llegara a contar con siete dispositivos —los tres nuevos más cuatro existentes— y pidió revisar técnicamente su justificación. La discusión sobre ese corredor terminó ampliándose hacia el funcionamiento de los sistemas en todo el país.
La orden presidencial, sin embargo, no significa que todas las cámaras hayan sido suspendidas, que los comparendos existentes hayan quedado anulados o que los SAST autorizados sean irregulares. Por ahora existe una decisión de revisión. Sus consecuencias dependerán de los hallazgos y de las actuaciones administrativas o regulatorias que posteriormente correspondan.
Para Movemos País, esta revisión aborda un asunto que ya había sido definido como prioritario en su Agenda Programática, compartida con el Gobierno Nacional, donde se propuso expresamente eliminar el carácter recaudatorio de las fotomultas y orientar estos sistemas a resultados verificables de seguridad vial. El tema también fue desarrollado técnicamente el 7 de agosto de 2026 en el artículo “SAST 2026: más detección, ¿más seguridad vial?”, que planteó la necesidad de evaluar no solo detecciones y comparendos, sino también velocidades, siniestros, lesionados y fallecidos. Movemos País valora positivamente que el Gobierno haya incorporado esta revisión dentro de su agenda y avance en un asunto que requiere mayor evidencia, trazabilidad y resultados medibles.
La revisión alcanza un sistema de más de mil cámaras
La dimensión nacional ayuda a entender el alcance de la decisión. La base pública de la Agencia Nacional de Seguridad Vial registraba en agosto 1.339 cámaras autorizadas. Bogotá concentraba 258, Antioquia 249, Valle del Cauca 197 y Atlántico 152. Es decir, la revisión anunciada trasciende ampliamente la controversia por tres nuevos dispositivos en la Costa Caribe.
La autorización, además, no es indefinida. El marco vigente establece condiciones técnicas y jurídicas para instalar y operar estos sistemas y contempla periodos de autorización. Esto permite diferenciar dos momentos: el cumplimiento de los requisitos que permiten iniciar la operación y el seguimiento posterior a las condiciones y resultados del punto intervenido.
Esa diferencia resulta central para comprender lo que anunció el Gobierno. Una cámara puede estar formalmente autorizada y aun así ser objeto de revisión sobre la permanencia de las condiciones que justificaron su instalación, la señalización existente, el límite de velocidad aplicable o la evolución de la siniestralidad. Del mismo modo, un elevado número de detecciones o comparendos no demuestra por sí solo que exista una irregularidad ni que el sistema tenga una finalidad principalmente recaudatoria.
La revisión tampoco comienza desde cero. El 19 de mayo de 2026, el Ministerio de Transporte informó que la Superintendencia había abierto investigaciones administrativas contra 37 organismos de tránsito por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de SAST. Las actuaciones comprendían más de 7,5 millones de comparendos y examinaban, entre otros asuntos, posibles problemas con los conceptos de desempeño metrológico requeridos para los equipos.
La información oficial indicó posibles incumplimientos de distinta naturaleza, pero la precisión jurídica es necesaria: la apertura de una investigación no equivale por sí sola a una declaración definitiva de responsabilidad. El nuevo anuncio amplía ahora el foco. Ya no se trata únicamente de revisar condiciones documentales o metrológicas, sino también de examinar si la instalación y operación de los sistemas se encuentran sustentadas en criterios reales de seguridad vial.
La evidencia respalda la fiscalización electrónica, pero exige medir resultados
La discusión no puede reducirse a escoger entre “cámaras sí” o “cámaras no”. La evidencia internacional reconoce la fiscalización automatizada de velocidad como una herramienta de seguridad vial cuando forma parte de un sistema técnicamente diseñado y cuenta con legislación, infraestructura institucional, procesamiento de información y capacidad operativa adecuados.
La segunda edición de Speed Management: A Road Safety Manual for Decision-Makers and Practitioners señala que la fiscalización automatizada puede contribuir a modificar el comportamiento de los conductores y reducir velocidades y siniestros cuando se implementa bajo condiciones apropiadas. El documento también advierte que las cámaras fijas pueden producir efectos concentrados alrededor de su ubicación y que la gestión de velocidad funciona mejor cuando se articula con infraestructura, límites adecuados, control, tecnología y comunicación.
La misma evidencia introduce una condición especialmente relevante para Colombia: una intervención debe evaluarse. El manual recomienda establecer información de línea base antes de su implementación, definir indicadores y recoger posteriormente datos comparables. Para valorar efectos sobre siniestralidad plantea que debe existir un periodo suficiente de observación posterior; un año constituye un mínimo para comenzar a evaluar y periodos más amplios permiten análisis más robustos.
Esto permite separar dos conceptos que suelen mezclarse en el debate. El número de detecciones, comparendos o sanciones muestra actividad de fiscalización. La efectividad en seguridad vial requiere observar qué pasó con las velocidades, los siniestros, los lesionados y los fallecidos, considerando además la exposición al tránsito, los cambios de infraestructura, la señalización y otras intervenciones que puedan haber ocurrido simultáneamente.
Una cámara puede producir miles de detecciones y eso no demuestra, por sí solo, que haya reducido el riesgo. También puede registrar menos infracciones sin que esa disminución pruebe automáticamente que redujo los siniestros. Por eso, el anuncio del Gobierno abre una discusión más exigente: no solamente si el dispositivo cumple los requisitos para operar, sino si existe evidencia suficiente para sostener que continúa respondiendo a la finalidad de seguridad vial que justificó su instalación.
Una prioridad que Movemos País había puesto sobre la mesa
La revisión anunciada coincide con una de las prioridades incorporadas por Movemos País en su Agenda Programática, compartida con el Gobierno Nacional. La propuesta 1.2 plantea la “Eliminación de Fotomultas con Carácter Recaudatorio” y propone sustituir cualquier incentivo principalmente recaudatorio por un modelo de detección electrónica orientado a resultados de seguridad vial.
La propuesta contempla revisar los modelos de remuneración de los operadores, fortalecer la trazabilidad técnica y la calibración de los equipos, exigir señalización suficiente, garantizar el debido proceso, transparentar la destinación de los recursos y sustentar la localización de los dispositivos en criterios de siniestralidad y riesgo vial, no en su potencial para generar comparendos.
El planteamiento fue desarrollado técnicamente el 7 de agosto, antes de la controversia actual, en el artículo “SAST 2026: más detección, ¿más seguridad vial?”. Allí Movemos País señaló que aumentar la capacidad de detección no equivale automáticamente a mejorar la seguridad vial y propuso que la evaluación de estos sistemas avanzara desde indicadores de actividad —detecciones, comparendos y sanciones— hacia indicadores de resultado: velocidades, reincidencia, siniestros, lesionados y fallecidos.
También se planteó la importancia de contar con líneas base, considerar cambios simultáneos en infraestructura y señalización y evitar esquemas de remuneración que puedan asociar los ingresos de operadores privados con el volumen de detecciones, comparendos, sanciones o recaudo.
El debate había sido identificado, formulado y sustentado técnicamente antes de convertirse en una decisión nacional. La oportunidad ahora es que la revisión anunciada permita avanzar hacia un modelo en el que tecnología, regulación, incentivos económicos y evaluación de resultados apunten en una misma dirección: reducir el riesgo vial.
Qué puede cambiar y qué todavía no sabemos
El anuncio del Gobierno todavía no permite anticipar cuáles cámaras continuarán funcionando sin modificaciones, cuáles podrían requerir ajustes ni cuáles podrían ser objeto de suspensión o actuaciones administrativas. El Ministerio tampoco ha informado la metodología completa, el cronograma de la revisión, el periodo estadístico que analizará ni los criterios de decisión que aplicará en cada punto.
Tampoco se conoce si las 1.339 cámaras autorizadas serán evaluadas individualmente, si habrá prioridades territoriales o si se establecerán grupos de análisis según riesgo, siniestralidad, antigüedad, volumen de detecciones o características del corredor. Ese diseño será determinante para saber si la revisión se concentra en verificar requisitos o si incorpora una evaluación de resultados de política pública.
Otro asunto será la relación entre la revisión y las futuras autorizaciones. El comunicado oficial señala que el Ministerio revisará las reglas para las nuevas cámaras y exigirá criterios más estrictos. La pregunta es si ese nuevo estándar incorporará de manera explícita indicadores posteriores de efectividad y si esos resultados influirán también en la permanencia o renovación de los sistemas existentes.
Por ahora, el cambio es institucional. El Gobierno decidió revisar no solo si los SAST están autorizados, sino también si tienen sustento técnico y legal y si su instalación responde a condiciones reales de seguridad vial. Además, anunció que priorizará soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control, reconociendo que la seguridad vial no depende exclusivamente de instalar cámaras.
La fotodetección tiene respaldo técnico como herramienta de gestión de velocidad. Lo que ahora tendrá que determinar Colombia es si cada sistema está cumpliendo esa función.
La revisión nacional abre la oportunidad de pasar de una discusión concentrada en cuántas cámaras existen y cuántos comparendos generan a una pregunta más importante: qué ocurrió con el riesgo, las velocidades, los siniestros, los lesionados y los fallecidos después de que cada sistema comenzó a operar.
Movemos País continuará haciendo seguimiento a la metodología, los resultados de la revisión y las decisiones regulatorias que adopten el Ministerio de Transporte, la ANSV y la Superintendencia de Transporte, con el propósito de contribuir a una política de detección electrónica que proteja la vida, respete el debido proceso y pueda demostrar sus resultados.