Cómo arriesgar el patrimonio del transportador en una sola reforma tributaria
Le pedimos al transportador vehículos más nuevos, más seguros y más limpios, y le subimos el precio de tenerlos. ¿Qué podría salir mal?
Permítame empezar con una escena. Un pequeño transportador, dueño de un solo vehículo, recibe dos mensajes del Estado. El primero dice: su vehículo ya está viejo, cámbielo por uno más nuevo, más seguro y menos contaminante. El segundo, escondido en la reforma tributaria radicada, dice: y por cierto, acabamos de encarecerle el combustible, el costo laboral, los seguros, el vehículo nuevo y hasta los repuestos. Bienvenido a la política pública colombiana, donde una mano firma la obligación y la otra sube el precio de cumplirla.
No voy a discutir hoy si el país necesita recaudar. Lo necesita. La pregunta interesante es otra: ¿cómo debería tributar el transporte para que el sector salga más fuerte y no más pobre? Y ahí el diseño lo es todo.
Empecemos por un tecnicismo que parece aburrido y que en realidad le cuesta plata a millones de personas. El transporte público de pasajeros y de carga está “excluido” del IVA. Suena a beneficio. No lo es. “Excluido” quiere decir que el transportador no cobra IVA, pero tampoco puede descontar el que paga en el combustible, en las llantas, en los repuestos. Ese IVA no se le devuelve: se le queda pegado como costo. Así que cuando usted oiga que el IVA a los combustibles sube, tradúzcalo: al transportador le acaban de subir un impuesto que no puede recuperar, desde el momento en que mete la manguera al tanque.
Existe una figura que sí sería un beneficio de verdad: “exento”, tarifa cero con derecho a devolución. La diferencia entre “excluido” y “exento” es apenas una palabra en el Estatuto Tributario y, para el bolsillo del transportador, es la diferencia entre pagar y recuperar. Una buena reforma corregiría eso. La que se discute no lo toca.
¿Qué tendría, entonces, una reforma bien hecha? Primero, resolver ese IVA hundido: pasar de “excluido” a “exento”, o crear un mecanismo de descuento, para que el impuesto al combustible deje de ser un castigo permanente. Segundo, si vamos a cobrar impuesto al carbono, y hay razones para hacerlo, que la plata vuelva al sector como un fondo para modernizar, chatarrizar y montar infraestructura de recarga, en vez de perderse en cuentas que nada tienen que ver con quien la paga. Tercero, incentivos de verdad para renovar: restablecer y ampliar el IVA CREI, esa exención que existió hasta hace poco para que el pequeño propietario pudiera reponer su vehículo. Y hacerlo con criterio de emisiones, no de etiqueta: el premio no debería ser “por ser eléctrico”, sino “por contaminar menos”. Eléctricos, gas, hidrógeno, lo que sea que baje la emisión.
Sin ese patrimonio no hay quién preste el servicio, ni con qué mantener los vehículos en las condiciones de seguridad que exige la vía.
A eso se suman cosas menos vistosas, pero decisivas: un régimen tributario simple para el pequeño transportador, que reconozca cómo son de verdad sus costos; cuidado con encarecer el empleo formal y los costos laborales en un sector que vive de la mano de obra, porque el atajo siempre es la ilegalidad; y beneficios fiscales enganchados a la financiación, con crédito, garantías y un banco pensado para el transporte. Exigir modernizar sin dar cómo pagarlo es pedirle a la gente que salte sin red.
Y falta lo más incómodo: cómo se hace. Una reforma que toca al transporte debería concertarse con el sector antes de radicarse, no después de la foto; medir su impacto con datos reales de nómina y de parque automotor, no con promedios macro que esconden al que sufre; poner plazos de transición; y evaluarse después, con metas que se puedan verificar. En una línea: que se mida por lo que deja, no solo por lo que recauda.
Y conviene no perder de vista quién paga la factura. Hay modalidades con vida útil regulada, que están obligadas a sacar de circulación sus vehículos y, con estos costos encima, no tendrán cómo reponerlos. Por eso el centro de cualquier reforma sensata debería ser la protección del patrimonio del transportador: sin ese patrimonio no hay quién preste el servicio, ni con qué mantener los vehículos en las condiciones de seguridad que exige la vía.
Nada de esto es pedir que el transporte no pague impuestos. Es pedir que pague bien. Porque el vehículo del transportador no es un lujo que se pueda gravar sin consecuencias: es la herramienta con la que se mueven la comida, la carga y la gente de este país. Y hay una regla de sentido común que ninguna reforma debería violar: la modernización no se financia cobrándole más caro justamente a quien está obligado a modernizarse. Si lo hacemos al revés, no se preocupe: el que termina pagando la cuenta es el patrimonio del transportador, y con él, el servicio que mueve al país.
John Jairo Correa es economista, magíster en finanzas y presidente fundador de Movemos País. Escribe sobre transporte, movilidad, fiscalidad e infraestructura.
