Por Allá Sí Voy: el costo de cumplir y el desafío de regular
Colombia necesita regular las plataformas. Pero hacerlo con cifras que no identifican bien el fenómeno y sin medir quién pagará la transición puede trasladar el problema en lugar de resolverlo.
Hay nombres que explican una ley y nombres que intentan venderla. “Por Allá Sí Voy” es el nombre del proyecto que pretende regular el transporte intermediado por plataformas digitales y modificar el régimen del taxi. Es también una buena metáfora de algo que hacemos con demasiada frecuencia en Colombia, convertir un problema estructural en una consigna antes de entender cómo funciona.
Pensemos en dos personas que pueden terminar transportando al mismo ciudadano. Una compró un vehículo para taxi, pagó por un “cupo” en un mercado que la ley nunca reconoció como propiedad transferible pero que la administración toleró y administró durante décadas, se vinculó a una empresa habilitada, obtuvo tarjeta de operación, contrató las pólizas del servicio público y trabaja con una tarifa regulada. La otra conecta un vehículo particular a una aplicación y encuentra allí una fuente de ingreso. No está sometida al mismo esquema de empresa habilitada y tarjeta de operación, pero asume el riesgo sancionatorio de operar por fuera del régimen autorizado y puede enfrentar exclusiones de cobertura por uso comercial.
Ninguna creó las reglas que la rodean. Pero el Estado construyó a su alrededor estructuras regulatorias y de costos completamente distintas. Una soporta principalmente el costo de cumplir. La otra, el riesgo de no hacerlo. El pasajero no ve ninguna de las dos cuentas.
¿Qué ocurre cuando ser legal deja de ser económicamente racional?
Durante décadas acumulamos sobre el transporte formal habilitaciones, pólizas, tarjetas de operación, revisiones técnico-mecánicas más frecuentes, sistemas de información y controles. Muchas tienen razón de existir, porque transportar personas supone responsabilidades especiales. Pero una regulación no es buena solo porque persiga un fin legítimo. También importa cuánto cuesta cumplirla, si todas sus cargas siguen siendo necesarias y si el ingreso de la actividad permite financiarlas.
Cuando quien permanece dentro del sistema debe soportar costos que otro competidor no asume, aparecen incentivos previsibles. Eso no vuelve legal lo que la ley no autoriza. Significa algo más incómodo. Operar por fuera del régimen puede empezar a resultar económicamente más atractivo que permanecer dentro de él. Y en ese momento el problema también es del regulador.
Los límites de los datos
Durante más de una década Colombia dejó crecer la movilidad intermediada por plataformas mientras el ordenamiento respondía principalmente con controles y sanciones. Entre enero de 2021 y julio de 2026 se registraron 159.437 comparendos D.12, según las cifras del SIMIT reproducidas en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 430. Pero el propio expediente reconoce que no puede establecerse con certeza cuáles correspondieron a servicios intermediados mediante plataformas. Aun así, utiliza esa serie para sugerir que la sanción no ha contenido el fenómeno. La serie registra comparendos por la infracción D.12. Por sí sola no mide el tamaño del transporte intermediado por plataformas ni permite evaluar la eficacia de la política.
El problema es más profundo que la falta de estadísticas. Un Estado que no puede medir adecuadamente el fenómeno que pretende regular tampoco puede saber con rigor si su política funciona.
El conductor de plataforma, en muchos casos, tomó una decisión económicamente comprensible frente a una entrada mucho menos costosa al mercado. Tampoco tiene sentido responsabilizar al propietario o al empresario formal por haber cumplido las reglas que el Estado les impuso. Unos y otros quedaron atrapados en un diseño que puso a competir regímenes radicalmente distintos por la misma necesidad de movilidad.
El Proyecto de Ley 430 intenta finalmente llevar esa discusión al Congreso. Nadie discute que haya que regular las plataformas. La pregunta es si este proyecto ofrece una base suficientemente sólida para hacerlo. El problema no está solo en artículos corregibles durante la ponencia, sino en sus premisas. Hay datos que no identifican adecuadamente el fenómeno y una intervención patrimonial cuyo alcance el propio Estado no ha cuantificado.
¿Quién responde por el servicio?
La primera prueba aparece en una pregunta sencilla de formular y difícil de responder. ¿Quién es el transportador?
El proyecto define a las plataformas como intermediarias tecnológicas, no asimilables a empresas de transporte. Al mismo tiempo introduce en el artículo 5 de la Ley 336 una categoría que el texto no clasifica expresamente como pública ni privada, prestada con vehículos particulares o públicos, en la que los mecanismos digitales de la plataforma intervienen en la definición del recorrido y del precio. Cuando esto ocurre, la frontera entre intermediación tecnológica y participación material en el servicio exige una definición jurídica mucho más precisa.
No es una discusión semántica. Cuando una persona paga para que la lleven de un punto a otro existe una obligación material de transporte y alguien debe responder frente al pasajero, a terceros y al Estado. Sin embargo, para la plataforma el proyecto no exige habilitación como empresa de transporte, sino un registro que, según su propio texto, “en ningún caso” tendrá carácter habilitante, mientras el conductor realiza materialmente el desplazamiento. Que el proyecto obligue a las plataformas a contratar seguros de responsabilidad civil es un avance real.
Una póliza puede cubrir un siniestro. No puede sustituir la definición de quién responde por el servicio.
El mismo patrón aparece en la vigilancia y en las sanciones. El proyecto entrega la inspección, vigilancia y control de las plataformas al Ministerio TIC sin articular expresamente esa función con las competencias de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Industria y Comercio. También incorpora nuevas infracciones para incumplimientos del registro, sin prever expresamente la inmovilización para esas conductas. Su articulación con la D.12 y con el régimen sancionatorio de transporte vigente requiere precisión. Y aunque el artículo 21 contempla la posibilidad de sancionar esquemas utilizados para evadir la regulación, el proyecto no desarrolla un régimen sancionatorio propio y suficientemente tipificado para las plataformas.
A esta discusión se suma el Proyecto de Ley 470 de 2026 Cámara, presentado por Daniel Briceño, que no legaliza las plataformas sino que modifica las garantías probatorias y las consecuencias asociadas a la D.12. Proteger el debido proceso es necesario. Pero revisar el instrumento sancionatorio sin resolver al mismo tiempo las reglas del servicio puede profundizar la incoherencia regulatoria que hoy intentamos corregir.
Durante años construimos un Estado particularmente eficaz para encontrar al formal. Sabemos dónde está la empresa, quién la representa, qué documentos debe renovar y qué sanción imponer. Frente a una estructura tecnológica que distribuye viajes, administra información y cobra en cada transacción, seguimos discutiendo dónde ubicar la responsabilidad.
Y entonces volvemos a lo más fácil, el conductor y el vehículo.
¿Quién paga la transición?
La discusión tampoco puede reducirse a comparar las cargas hacia adelante. Unos invirtieron bajo reglas que el Estado toleró y administró durante décadas. Otros entraron a un mercado que el mismo Estado dejó crecer sin resolverlo jurídicamente. Las condiciones de partida, los costos y los riesgos nunca fueron equivalentes.
El taxi muestra con claridad esa historia. Colombia creó empresas habilitadas, capacidad transportadora limitada, tarjetas de operación y tarifas propias. Alrededor de esos derechos, que jurídicamente no son propiedad transferible como un activo ordinario, se formó durante décadas un mercado de cupos. Puede objetarse, con razón, que parte de ese valor refleja una renta de escasez creada por la restricción de entrada. Precisamente por eso no todo su valor tiene el mismo estatus jurídico. Deben distinguirse posiciones jurídicas protegidas, expectativas legítimas y renta asociada a la escasez regulatoria.
Cualquier transición debe examinar las expectativas que la propia actuación estatal contribuyó a formar, sin confundirlas con un derecho a mantener indefinidamente las reglas ni con una compensación automática.
La dimensión económica tampoco es marginal. Un cálculo propio de Movemos País, construido como ejercicio ilustrativo y ante la ausencia de un censo y una valoración oficial completos, sitúa solo en Bogotá, Medellín y Cali un orden de magnitud cercano a $5,81 billones asociado a esos cupos, con un rango aproximado de $4,1 a $7,6 billones. No uso esa cifra para afirmar cuánto se ha perdido ni cuánto debería compensarse. La uso para mostrar que lo que se pretende transformar sin medirlo no es pequeño.
La secuencia regulatoria también merece atención. El artículo 6 del Decreto 1001 de 2026 llevó a cinco años el plazo para la reposición del taxi en los supuestos allí previstos. El artículo 17 del Proyecto de Ley 430 propone, a su vez, desmontar gradualmente las reglamentaciones que han permitido la cesión, transferencia o negociación de derechos de reposición. Una política pública puede cambiar. Lo que no debería es hacerlo sin estimar quién asumirá el costo de la transición.
La confianza legítima existe, precisamente, para cuando el Estado cambia de opinión.
La solución no es perseguir indefinidamente a quien opera por fuera del régimen, ni flexibilizar todas las reglas hasta borrar la diferencia entre cumplir y no cumplir. El riesgo sería legalizar lo que estaba afuera sin corregir aquello que empujaba hacia afuera.
Regular mejor exige responder unas preguntas básicas. Quién responde por el servicio, cuánto cuesta cumplir las obligaciones realmente necesarias, qué efectos económicos producirá la transición y qué capacidad tendrá el Estado para vigilar a todos los participantes.
Antes de transformar un mercado, hay que medirlo.
Antes de desmontar una estructura patrimonial, hay que conocer su dimensión.
Eso permitiría eliminar trámites que no agregan valor sin desmontar controles necesarios, exigir obligaciones reales a las plataformas y abrir un camino hacia la legalidad que no convierta el cumplimiento en una desventaja. En últimas, se trata de recuperar algo elemental. Que cumplir vuelva a tener sentido económico.
Oponerse a este proyecto no significa defender el statu quo. Archivar también tiene un costo y hay que reconocerlo. Mientras no exista una solución legislativa, el conductor que hoy opera por fuera del régimen seguirá expuesto a las sanciones vigentes. Por eso la alternativa no puede ser esperar otra década, sino construir una regulación mejor sustentada y clara en las responsabilidades.
La capacidad regulatoria de un Estado no debería medirse por cuántos requisitos produce, cuántos sistemas crea o qué tan altas pueden ser sus multas. Debería medirse por su capacidad para lograr que la mayoría prefiera cumplir porque las reglas son claras, estables, financiables y razonables.
“Por Allá Sí Voy” puede ser un nombre eficaz. Pero una ley que pretende reorganizar una actividad de esta complejidad necesita algo más que recordación.
Necesita una dirección.
Si queremos que quien hoy opera por fuera entre a la legalidad, ¿estamos dispuestos a garantizar que quien siempre estuvo dentro no termine concluyendo que fue un error quedarse?
El transporte colombiano no necesita que le digan “por allá sí voy”. Necesita reglas claras y justas para todos los que hacen parte del sector.
Declaración de transparencia. El autor preside Movemos País, organización que elaboró un concepto técnico-jurídico sobre el Proyecto de Ley 430 de 2026 Cámara.
Fuentes principales. Proyecto de Ley 430 de 2026 Cámara y su exposición de motivos; Proyecto de Ley 470 de 2026 Cámara; cifras del SIMIT reproducidas en la exposición de motivos del P.L. 430; Ministerio de Transporte; Decreto 1001 de 2026; Leyes 336 de 1996 y 769 de 2002; Movemos País, concepto técnico-jurídico de oposición y control de legalidad del P.L. 430 de 2026.
Nota metodológica sobre los cupos. Estimación ilustrativa y cálculo propio de Movemos País. Se utilizaron como referencias 54.695 taxis en Bogotá, 19.899 en Medellín y 17.034 en Cali, con valores de referencia aproximados de $75 millones, $60 millones y $30 millones por cupo, respectivamente. La multiplicación del parque de referencia por esos valores arroja aproximadamente $4,10 billones para Bogotá, $1,19 billones para Medellín y $0,51 billones para Cali, para un total cercano a $5,81 billones. El rango de sensibilidad de $4,1 a $7,6 billones corresponde a escenarios de aproximadamente ±30 % frente a los valores de referencia. El ejercicio combina información de parque y referencias de precios de distintos momentos, por lo que no constituye un censo, una valoración oficial, una estimación de pérdida patrimonial ni una cuantificación de compensaciones exigibles.
John Jairo Correa es economista, magíster en finanzas y presidente fundador de Movemos País. Escribe sobre transporte, movilidad, fiscalidad e infraestructura.
