El Gobierno modificó el Decreto 1079: esto cambia para el servicio de taxi

Menos barreras para cambiar de empresa y mayor transparencia en los cobros

La relación entre el propietario y la empresa también cambia. El contrato de vinculación podrá tener una duración máxima de dos años y la tarjeta de operación también amplía su vigencia a ese término, reduciendo la frecuencia de determinados trámites administrativos.

El Decreto 1001 fortalece además la posibilidad de cambiar de empresa durante la vigencia del contrato, dentro del mismo ámbito territorial. La regulación establece plazos para tramitar la solicitud y reduce la posibilidad de que la empresa anterior condicione administrativamente la salida del vehículo.

En esa misma dirección, el paz y salvo deja de poder utilizarse como barrera para determinados trámites. Las diferencias económicas entre empresa y propietario podrán continuar siendo reclamadas por las vías correspondientes, pero no deberán utilizarse para bloquear la desvinculación o impedir la continuidad de la actividad. La empresa deberá, además, entregar información periódica y discriminada sobre los cobros y pagos asociados a la vinculación.

Estas medidas aumentan la transparencia y la movilidad del propietario, pero también modifican las relaciones económicas y contractuales de las empresas. La aplicación del decreto deberá permitir que la protección del propietario conviva con empresas financieramente sostenibles y con reglas claras sobre cuáles costos corresponden realmente a la administración y prestación del servicio.

Más integración entre municipios, pero la implementación será decisiva

Otro cambio importante está en la operación entre municipios contiguos. El decreto flexibiliza la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional —PVO— para este tipo de desplazamientos y reconoce una realidad de movilidad que, especialmente en territorios conurbados, supera con frecuencia los límites administrativos de un municipio.

La regla no convierte al taxi en un servicio intermunicipal abierto ni modifica su naturaleza. Las autoridades territoriales continúan teniendo competencias sobre la operación y podrán adoptar medidas sustentadas técnicamente cuando existan condiciones que las justifiquen.

Para Movemos País, este asunto hace parte de un trabajo más amplio de reducción de costos y trámites innecesarios. En esa línea, se ha estructurado una propuesta técnica para la exención del porte y del cobro de la PVO en Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí y Candelaria, bajo el criterio de que un instrumento destinado al control de la operación no debería convertirse en una carga económica recurrente cuando la información puede ser verificada mediante herramientas tecnológicas.

Sin embargo, el éxito de una medida de este tipo requiere preparación previa. Las autoridades territoriales deben socializar las nuevas reglas, coordinar criterios de operación y control y preparar a los diferentes actores viales antes de su aplicación. Una flexibilización diseñada para reducir costos y trámites no puede terminar generando confusión en carretera, interpretaciones diferentes entre municipios o dificultades para conductores y autoridades de control. La simplificación debe ir acompañada de reglas claras y coordinación institucional.

La reforma también contempla condiciones para la atención del servicio en aeropuertos, zonas de frontera y eventos masivos, donde las autoridades podrán disponer espacios y mecanismos especiales para facilitar el acceso del taxi legal.

Matrículas y formación: más oportunidades, pero todavía hay asuntos por definir

En materia de nuevas matrículas se mantiene el sorteo público y se permite que las autoridades territoriales adopten medidas de acción afirmativa a favor de conductores que no son propietarios. La medida puede convertirse en un instrumento de democratización de la propiedad para quienes llevan años trabajando en el servicio sin haber podido adquirir un vehículo.

Su aplicación, sin embargo, requerirá reglas transparentes. El decreto no desarrolla completamente una metodología uniforme para determinar el alcance de esas medidas, por lo que las autoridades territoriales tendrán una responsabilidad importante al definir los procedimientos y garantizar igualdad entre quienes aspiren a acceder a una matrícula.

También hubo cambios en formación. El proyecto imponía una obligación más rígida a las autoridades territoriales para desarrollar programas de capacitación, mientras el decreto final adopta un esquema más flexible y contempla asistencia técnica del Ministerio de Transporte.

La formación seguirá siendo un componente esencial para mejorar seguridad vial, atención al usuario, calidad del servicio y condiciones de quienes trabajan en la modalidad. Para Movemos País, este propósito se conecta con la propuesta de la Universidad del Transporte, concebida como una estrategia de formación especializada para conductores, propietarios, empresarios y demás actores del sector.

Una reforma que recoge varios asuntos trabajados durante la consulta

Movemos País participó técnicamente durante el proceso de consulta y presentó observaciones sobre los componentes jurídicos, económicos, regulatorios y operativos de la reforma. Posteriormente analizó la matriz oficial de comentarios y contrastó el proyecto con el Decreto 1001 finalmente expedido.

Varios de los cambios finales coinciden con asuntos que Movemos País había planteado durante ese proceso: se retiró la reposición exclusivamente eléctrica, se amplió el plazo de reposición, se fortaleció el cambio de empresa, se limitó el paz y salvo como barrera administrativa y se modificó la obligación territorial de formación.

Este trabajo hace parte de una agenda que se viene construyendo desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, sustentada en cuatro pilares: permanencia, democratización, sostenibilidad y humanización del transporte. En el servicio de taxi, esto significa promover reglas claras, reducción de costos y trámites innecesarios, mayor rentabilidad, acceso a financiación, protección del patrimonio y mejores condiciones para empresarios, propietarios y conductores.

El Decreto 1001 representa avances importantes, pero su implementación también tendrá efectos sobre las empresas de transporte, que deberán adaptar contratos, procedimientos de vinculación y desvinculación, sistemas de información, formación y estructuras de cobro. El reto será que las nuevas garantías para propietarios y conductores se implementen sin deteriorar la sostenibilidad empresarial ni debilitar la responsabilidad de las empresas sobre la prestación del servicio. Permanecen además asuntos por desarrollar en materia de impactos económicos, asignación de matrículas, coordinación territorial, financiación de la modernización y transición tecnológica.

Movemos País continuará promoviendo la permanencia, democratización, sostenibilidad y humanización del transporte: un sector con menores costos, mayor rentabilidad, incentivos financieros y tributarios, normas claras para los transportadores y mejores condiciones para empresarios, propietarios y conductores. El propósito final es dignificar la actividad y mejorar la calidad de vida de quienes mueven el país.